MINERÍA A CIELO ABIERTO

RESOLUCIÓN EXPRESANDO DISCONFORMIDAD CON LOS FONDOS ENVIADOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO POR LA MINERA “LA ALUMBRERA”

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente
En el último tiempo ha comenzado a discutirse, sobre todo en el ámbito universitario argentino, sobre si el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) debe aceptar aportes derivados de la mayor explotación minera de oro y cobre del país ubicada en la provincia de Catamarca, “Minera Alumbrera Limitada”, administrada por la firma suiza Xstrata Cooper y las canadienses Goldcorp y Northern Orion Resources, que firmó en 1999 una alianza transitoria de empresas con Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), que a su vez percibe el 20% de las utilidades de la explotación, constituyéndose en la empresa dueña de los derechos de exploración y explotación del yacimiento a cielo abierto más grande del país, y que está compuesta por el Estado Nacional, la provincia de Catamarca, y la Universidad Nacional de Tucumán.
Por ley 14.771, YMAD luego de percibir el 20% de las utilidades de la explotación del yacimiento, los beneficios restantes debe asignarlos la mitad a la Universidad Nacional de Tucumán y la otra mitad a repartir entre las demás universidades públicas nacionales.
Con lo cual se plantean, por lo menos, dos discusiones básicas, una tiene que ver con el planteo de que las universidades deben actuar de manera totalmente independiente de los intereses privados, en pos del bien público y al servicio de la población. La otra es la discusión de la política minera que, con una normativa de los años '90, facilita la sustracción descontrolada de nuestros recursos.
El biólogo Raúl Montenegro, de la Fundación para la Defensa del Ambiente, profesor de biología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ganador del premio Nobel Alternativo 2004 por su desempeño, manifestó que esos aportes "condicionan la necesaria independencia de las universidades a la hora de elaborar dictámenes técnicos". Además, advirtió, la firma que distribuye los beneficios "tiene serios cuestionamientos por contaminación". "Aceptar o no los fondos no es un tema técnico, es político. La universidad debe decir que no, porque lo contrario es violar normas éticas", añadió.
A su vez, el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel requirió a los rectores de todas las universidades del país que rechacen estos aportes provenientes del emprendimiento minero Bajo La Alumbrera, de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), por cuestiones éticas y humanas.
“Las universidades, sobre todo la universidad pública, tienen el deber de mantener una mirada crítica sobre toda actividad productiva y sus impactos sobre la población. Mantener esta distancia crítica implica que la universidad goce de una total independencia para desarrollar sus investigaciones. El hecho de que la producción de saberes técnicos dependa de fondos originados en una actividad tan cuestionada como la que desarrolla Minera Alumbrera Ltd. le resta confiabilidad”, opina Pérez Esquivel.
La cuestión que se plantea es delicada, ya que es real que las partidas presupuestarias que asigna el Congreso Nacional no alcanzan a cubrir las demandas financieras de las universidades argentinas, pero ello no justifica aceptar fondos millonarios que se derivan de una actividad altamente dañina, contaminante y violatoria de derechos humanos.
Desde hace dos décadas los habitantes de las poblaciones linderas al yacimiento se encuentran denunciando los efectos negativos de La Alumbrera al medio ambiente, que provoca gran contaminación del aire y el agua a raíz de la explotación, tal es así que en el año 2008 la justicia de la provincia de Tucumán procesó por el delito de contaminación agravada de un efluente al vicepresidente de la firma minera, Julián Rooney. Debemos cuestionar y generar los debates necesarios respecto de la legislación vigente y los controles estatales sobre la explotación de los recursos del país, sean mineros, como en este caso, o petrolíferos o de cualquier índole, para que ante todo no genere más impactos negativos en el ambiente.
Recordemos que la llegada de las empresas internacionales y el comienzo de la gran minería en Argentina comenzó en 1993, con la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, que desreguló el sector minero y estableció sólo beneficios para estas compañías, sin contraprestaciones. Con el agravante de que esta ley fue modificada por las leyes 24.296, 25.161 y 25.429, que aumentaron el trato preferencial a las mismas. Este modelo iniciado por Menen en los 90 fue aceptado y lamentablemente mejorado en desmedro de nuestros bienes y recursos naturales por los gobiernos de De la Rúa, Duhalde y Kirchner.
Si analizamos el tema desde el punto de vista de los derechos humanos, observamos que estos emprendimientos de explotación se ubican en las zonas a que a su vez constituyen las más pobres de nuestro país, y alteran profundamente la vida de muchos de pueblos, no sólo en lo que refiere a lo ambiental, sino también en lo económico, político y cultural, porque se altera el desarrollo de actividades económicas tradicionales y por ende culturales, ya que la práctica de la ganadería o de otras actividades económicas es parte de la identidad de esos pobladores; y en el caso de los pueblos originarios, el vínculo con el medio ambiente es un aspecto fundamental de su cultura y de su idiosincracia. Por lo tanto, la destrucción del medio ambiente, de la fauna y de la flora, ocasionada por la explotación de los yacimientos amenaza directamente la identidad y la cultura de los pueblos nativos y aledaños. Por mencionar un caso en el año 2006, los habitantes de Santa María, en Catamarca, denunciaron la muerte de cientos de animales de corral por enfermedades desconocidas, remarquemos que estos animales son la única fuente de subsistencia de la mayoría de estas personas.
No olvidemos el impacto que la actividad minera genera contaminando el aire, el agua y los suelos, lo que se deriva en terribles consecuencias para la salud del ambiente, de las personas y de la fauna que habitan en cercanías a estos yacimientos. Lo más afectado es el agua. La actividad minera consume de manera desproporcionada agua, por caso, sólo la mina Bajo La Alumbrera consume 100 millones de litros por día extraída de agua pura y dulce del acuífero del Campo Arenal, lo que llevó a la reducción de caudales en ríos que se alimentan de ese acuífero, no es difícil imaginar el impacto negativo de lo dicho en la población, flora y fauna, más en zonas de pocas lluvias. Sin mencionar el enorme perjuicio que se ocasiona con la contaminación de estanques de agua, arroyos, ríos, lagos de la región, ocasionada por falta de tratamiento de las aguas usadas y por los derrames tóxicos de minerales. Tengamos presente que los afluentes de la planta de secado del yacimiento Bajo La Alumbrera son vertidos en canales que son fuente de agua para animales, riego de hortalizas y bebida de pobladores.
¿Es necesario agregar el grave impacto en la salud humana que ocasiona la explotación minera generando enfermedades graves en la piel, acumulación de metales pesados en la sangre y los pulmones y los causados por la emisión de gases tóxicos a la atmósfera y la lluvia ácida?
Son varias las provincias que de una manera u otra son afectadas y alteradas por “Minera Alumbrera”, no sólo Catamarca y Tucumán, sino también Santiago del Estero y Córdoba, porque el yacimiento minero influye sobre la cuenca de los sistemas Vis Vis-Amanao en Catamarca, y por trasvasamiento en la cuenca del sistema Salí-Dulce en Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba (la cuenca del Salí Dulce desemboca en la laguna de Mar Chiquita).
Es evidente que hablamos de una empresa y un emprendimiento que daña severamente al ambiente y afecta la salud de personas en por lo menos tres provincias de Argentina, que incumple de manera reiterada la legislación vigente, y cuya administración es manejada por corporaciones que han sido mundialmente denunciadas por violación a los derechos humanos, laborales y al medio ambiente.

Conociendo esta realidad, con estos antecedentes, ante esta evidencia, podemos, nos sentimos capaces de justificar el orígen de los fondos destinados nada más y nada menos que a la educación pública?

Será Sr. Presidente que la necesidad nos cubre como una venda los ojos y aplicamos la frase “el fin justifica los medios”?

Creemos que no, y por lo tanto debemos en este caso manifestar nuestra profunda disconformidad con el origen de los fondos que se destinan a nuestra querida Universidad.

Es así que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de Resolución.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO,


R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Expresar su disconformidad con el origen de los fondos destinados a la Universidad Nacional de Río Cuarto, provenientes de la Minera “La Alumbrera” por cuanto está claro que se trata de una empresa que daña el ambiente y amenaza la salud de personas en por lo menos tres provincias de Argentina, que viola en forma flagrante normativas vigentes, y cuya administración está en manos de tres corporaciones internacionalmente denunciadas por violación a los derechos humanos, a los derechos laborales y agresiones al ambiente


ARTICULO 2º.- Remitir copia al Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto


ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Iniciadores: Concejal Viviana Yawny
Concejal Olga Cantoro
Bloque Río IV para Todos